Cuando la justicia no cumple con su rol de proteger a los peruanos honestos, el crimen sonríe. El caso de Brucelee Bermudo Guerra lo demuestra. Un afiliado al partido Alianza para el Progreso (APP), con orden de captura internacional por narcotráfico, fue detenido por la DIRANDRO en Amazonas, y liberado días después por decisión judicial.
El Tribunal del Distrito Este de Texas (EE.UU.) lo vincula directamente con el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos del mundo. Según el expediente, Bermudo era responsable del envío de hasta dos toneladas mensuales de cocaína desde el VRAEM hacia México, con destino final a Chicago, Baltimore y Detroit.
Las pruebas incluyen interceptaciones telefónicas, reportes de la embajada estadounidense y testimonios de colaboradores eficaces que lo identifican como pieza clave en la ruta del narcotráfico internacional.
Pero, en el Perú, la historia terminó diferente. El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de la jueza Lorena Sandoval, ordenó su liberación inmediata, argumentando que Bermudo tenía “arraigo domiciliario y laboral”.
Y mientras en Estados Unidos lo buscaban por narcotráfico, aquí Bermudo hacía política. Fue candidato a alcalde de Sivia, aliado del gobernador Wilfredo Oscorima, y militante activo de APP, el partido de César Acuña, hoy aspirante a la presidencia de la República.
Sus empresas, Consultora Ethan B/A EIRL y Corporación Max B&G SAC, facturaron más de 10 millones de soles al Estado, en contratos con municipalidades del VRAEM entre 2019 y 2022.
¿Casualidad o red política encubierta?
El caso Bermudo no solo desnuda los vínculos entre la política regional y el narcotráfico, sino también la decadencia de un sistema judicial que libera a delincuentes con prontuario internacional mientras miles de inocentes esperan justicia.
Porque mientras jueces liberan narcos y políticos los financian, el Perú se hunde entre la impunidad y el miedo.
Por eso, el cambio de ciclo es una necesidad. Una Reforma Judicial profunda que impida que el crimen organizado siga infiltrando la política y comprando al Estado.
Y un cambio de liderazgo que acabe con los partidos que hacen negocios con delincuentes, mientras dicen “trabajar por el Perú”.
