La fachada del partido Alianza para el Progreso (APP) se ha terminado de caer. En una reciente entrevista, Jair Ramírez, candidato a diputado y jefe de prensa del partido de César Acuña, reconoció abiertamente que su organización política apoyó y aprobó las denominadas «leyes pro crimen».
Lejos de mostrar arrepentimiento por normas que debilitan la colaboración eficaz, la detención preliminar y la confiscación de bienes, Ramírez lanzó una frase que debería alarmar a todo el país: “Las leyes pro crimen se tienen que cumplir”.
Este es el tipo de autoridades que APP propone para dictar nuestras leyes en el Congreso. Personajes que admiten legislar a favor de la impunidad y luego exigen que esas mismas leyes se acaten sin cuestionamientos.
Parlamentarios de APP, como Luis Cordero Jon Tay, votaron a favor de las ocho leyes cuestionadas que benefician a organizaciones criminales. Mientras el país se desangra por la inseguridad, el partido de Acuña se dedica a blindar los mecanismos que permiten a los delincuentes y corruptos escapar de la ley.
No sorprende este apoyo cuando dentro de la misma bancada de APP figuran personajes con investigaciones abiertas, como Alejandro Soto y Jorge Luis Flores Ancachi.
Las declaraciones de Jair Ramírez son una advertencia para todos los peruanos. APP no solo admite haber aprobado leyes que favorecen al crimen, sino que nos dice en la cara que no están arrepentidos. Nada nuevo bajo el sol de César Acuña.
Si seguimos eligiendo a quienes obstruyen la ley en favor de los delincuentes, el círculo vicioso del robo y la impunidad nunca terminará. Este 2026, el voto debe ser una herramienta para limpiar el Congreso de estos mercenarios de la política que han convertido el Palacio Legislativo en un refugio para sus propios intereses. ¡Basta de leyes pro crimen y basta de Alianza para el Progreso!
