Mientras el país se acostumbra a la violencia, el crimen organizado avanza y la justicia retrocede. En La Libertad, como en otras regiones del norte, los delincuentes ya no temen ni a la ley ni a quienes la hacen cumplir.
El juez de paz Víctor Hugo López de la Cruz fue asesinado a balazos dentro de su despacho en Chicama, por dos sicarios que entraron directamente a matarlo.
No le dieron opción de defensa. Le dispararon cuatro veces.
El magistrado, conocido por su rectitud y cercanía con la comunidad, había recibido amenazas por casos judiciales sensibles que venía atendiendo. Su asesinato no solo deja luto en Chicama, sino una señal clara que los jueces honestos también están en la mira.
Este caso demuestra que la seguridad y la justicia no pueden seguir actuando por separado. El país necesita una Reforma Judicial real, no solo para castigar a los corruptos, sino para proteger a quienes se atreven a hacer bien su trabajo.
No puede ser que los jueces valientes mueran en su escritorio mientras los criminales se pasean libres.
La muerte del juez López de la Cruz debe marcar un antes y un después.
Porque cuando asesinan a un juez por cumplir su deber, no matan solo a una persona, sino que matan la esperanza de justicia en todo un país.
No podemos seguir viviendo en un país donde los jueces honestos son asesinados y los corruptos caminan libres. El cambio de ciclo que los peruanos piden debe romper con la impunidad, blindar a quienes hacen bien su trabajo y poner fin a un sistema que protege al delincuente antes que al ciudadano. Solo así recuperaremos la confianza en la ley y el respeto por la autoridad.
