En el Perú, la ineficiencia política y el populismo legislativo se han convertido en el verdadero obstáculo para el desarrollo minero. El Congreso, más preocupado por sobrevivir que por legislar, se dedica a generar leyes improvisadas y retrocesos que espantan la inversión y bloquean cualquier intento de reforma seria.
Mientras países como el Congo, con menos recursos y más conflictos, multiplicaron su producción de oro por 63 veces desde el año 2000, el Perú apenas la aumentó cinco veces. En 2024, la producción nacional alcanzó 2,736 mil toneladas métricas, mientras que el país africano superó las 3 millones de toneladas, impulsado por inversiones, leyes minerales más altas y menores costos operativos. La diferencia no está en el suelo, está en el sistema.
El resultado es que nuestro país se autosabotea, teniendo el oro, el talento y la mano de obra, pero no la visión.
Miles de mineros informales siguen siendo perseguidos o ignorados por un Estado que no los integra, mientras las concesiones ociosas siguen en manos de grandes corporaciones que ni invierten ni producen.
La minería podría ser el motor de un nuevo ciclo productivo, inclusivo y descentralizado. Pero para eso se necesita una Reforma Minera real, que formalice al pequeño minero, libere concesiones paralizadas y cree una cadena de valor que beneficie a todos los peruanos.
Hoy el Perú exporta discursos, no desarrollo. Y mientras el Congreso legisla para la foto, el oro duerme bajo tierra y la oportunidad de ser potencia mundial se escapa entre los dedos.
