Terroristas asesinaron a 13 mineros en territorios de La Poderosa, pero esta gran minera oculta la información y se victimiza. El pueblo reclama justicia y paz en la zona, mientras el Gobierno declara un estado de sitio que solo perjudica a los más pobres. Entre tanto, la gran empresa sigue operando como si nada hubiera ocurrido.
«No aceptamos que solo se persiga a los mineros artesanales y pobres, mientras las grandes empresas (como las vinculadas a la SNMPE) siguen operando, contaminando y evadiendo impuestos», exclaman las rondas campesinas de Pataz que exigen justicia.
Según mencionan, no existe un interés real del Estado en acabar con la minería ilegal, que tanto daño causa a la naturaleza, porque no se investiga a quién venden el oro las grandes empresas, ni quiénes blanquean el mineral robado. ¿Por qué solo se busca perseguir a los más vulnerables?
La minería es una práctica ancestral del Perú. En Pataz, se realiza desde hace siglos. Familias enteras, generación tras generación, han aprendido este oficio. Durante décadas, muchos mineros artesanales e informales han intentado formalizarse, pero tanto la burocracia como las grandes empresas les ponen obstáculos.
Por ello, como última solicitud, los dirigentes exigen la eliminación del REINFO, que ha sido una burla, y la implementación de herramientas necesarias para una formalización rápida y eficiente, para que no se vulneren más sus derechos ni continúen los abusos como desalojos y represiones violentas.
No más violencia en Pataz, no más abusos por parte de los poderosos. Una gestión transparente y con objetivos claros es la única forma para que toda la región prospere: sin corrupción y sin intereses de por medio.
