Pedir que una mina formal cierre “por seguridad” suena lógico, pero es un error. Miles de trabajadores quedarían sin pago.
Solo en La Libertad tenemos más de 21 mil trabajadores formales y varios miles más de mineros artesanales que no tendrán cómo alimentar a sus familias.
Tengamos en cuenta que las zonas legales están separadas de las ilegales y la policía puede actuar sin necesidad de detener toda la operación.
Detener una mina formal es abrirle la puerta a los ilegales.
Además, parar los sistemas de ventilación, bombeo o electricidad de la mina podría generar que ésta se inunde o colapse.
Los pernos, mallas y concreto que sostienen los túneles también se deterioran con el tiempo. Si no se mantiene, se pierde todo el trabajo hecho.
Incluso las presas de relaves pueden reventar si no hay monitoreo constante. El daño sería ambiental, estructural y millonario.
Por tanto, la operación minera formal no puede parar. Una mina activa requiere cocineros, transportistas, personal médico y técnico. Si se para, toda esa gente se queda sin sueldo.
La cadena de pagos se rompe y las comunidades pierden ingresos vitales. Incluso en huelgas, los sindicatos permiten mantener operaciones mínimas para no destruir la mina.
Cerrar una mina formal es un regalo para los ilegales.
Ellos abandonan los socavones cuando quieren y regresan igual de fácil. Si la empresa formal se retira, los ilegales toman el control total.
Esto ocurrió durante la pandemia. Solo el mantenimiento evitó que las mafias se apoderen de todo.
La minería formal no es el problema, es parte de la solución y pararla sería dispararse a los pies, así como cerrar la actividad minera artesanal sería criminal.
